En 2026, el Perú opera centrales hidroeléctricas que generan más electricidad de la que el país consume. La represa de Mantaro, el complejo del Mantaro y Machu Picchu juntas producen gigavatios que se exportan o se desperdician. Y sin embargo, 805,000 peruanos en Loreto y Ucayali encienden velas cuando cae el sol.

No es un problema de generación. Es un problema de distribución — y de prioridades políticas. Tender líneas de transmisión por cientos de kilómetros de selva es costoso y complejo. Pero instalar microrredes solares en comunidades aisladas no lo es. El costo de electrificar una comunidad de 200 familias con paneles solares y baterías de almacenamiento es hoy inferior al presupuesto anual de publicidad de cualquier ministerio.

Las consecuencias de vivir sin electricidad no son solo incómodas — son estructurales. Sin luz, los niños no pueden estudiar después del anochecer. Sin refrigeración, los alimentos se pierden y la malnutrición aumenta. Sin energía para bombas de agua, el acceso a agua limpia se complica aún más. Sin conectividad eléctrica, ningún servicio digital — salud, educación, banca — puede llegar. La oscuridad no es solo física: es económica y social.

El kerosene, que miles de familias amazónicas usan para iluminarse, cuesta entre el 10% y el 20% del ingreso mensual de un hogar rural. Es, paradójicamente, más caro en términos relativos que la electricidad que nunca han tenido. El Estado subvenciona ese gasto indirectamente a través del Fondo de Compensación Social Eléctrica — dinero que podría usarse para resolver el problema de raíz.

La tecnología ya no es el obstáculo. Empresas peruanas y cooperaciones internacionales han demostrado que las microrredes solares funcionan en la Amazonía peruana. El proyecto Acceso Universal a la Energía del Ministerio de Energía y Minas existe desde 2013. Tiene presupuesto. Tiene marco legal. Ha electrificado miles de hogares. Pero avanza a un ritmo que, de mantenerse, terminaría el trabajo en 40 años.

El Manifiesto DemocraXY propone que la electrificación rural sea uno de los primeros compromisos que cualquier candidato firme en blockchain antes del 12 de abril. No como promesa de campaña, sino como contrato verificable: metas específicas por región, financiamiento asignado del canon energético y minero, y fechas de cumplimiento auditables por cualquier ciudadano desde su celular.

Con 75,000 firmas verificadas en la plataforma, podemos llevar al Congreso una iniciativa legislativa de electrificación rural con financiamiento obligatorio. El Congreso, con 6% de aprobación, tendrá que leerla. Y los 805,000 peruanos que viven en la oscuridad merecen que eso suceda antes de que pase otra generación.