El escándalo que sacudió al Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú no es un caso aislado: es la punta del iceberg de un sistema electoral que, año tras año, enfrenta sospechas de manipulación, retrasos injustificados y opacidad. Según La Tercera, un exfuncionario del ONPE fue detenido por contratar a una empresa que, según la Fiscalía, demoró deliberadamente la entrega de material electoral en las elecciones de 2024, afectando a millones de ciudadanos. Pero este no es el primer ni el último caso: en 2021, el Tribunal Constitucional declaró nulas las elecciones regionales de Ica por irregularidades en el conteo de votos, y en 2020, la ONPE admitió fallas técnicas en el sistema de votación electrónica que generaron dudas sobre su fiabilidad. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo los peruanos tendremos que tolerar que nuestras elecciones sean rehenes de la corrupción y la ineficiencia?

Los números no mienten: según la Encuesta de Cultura Democrática del PNUD (2023), solo el 38% de los peruanos confía en que las elecciones se desarrollen con transparencia. Esta desconfianza no es casualidad. El caso del ONPE expone un problema estructural: la falta de mecanismos de verificación independiente que garanticen que cada voto cuente y que los procesos se cumplan en tiempo y forma. Mientras los funcionarios deciden contratos, las empresas se benefician de retrasos y la ciudadanía paga el precio con elecciones postergadas o cuestionadas. Peor aún, cuando estallan estos escándalos, las soluciones suelen ser parches: comisiones investigadoras, cambios de autoridades o promesas de 'mejorar los controles'. Pero ¿qué pasa si el problema no es la falta de controles, sino la falta de tecnología que los haga inviolables?

Aquí es donde entra la tecnología blockchain, una herramienta que ya ha demostrado en otros países cómo puede eliminar intermediarios corruptos y garantizar transparencia en tiempo real. En Estonia, por ejemplo, el 99% de los servicios públicos —incluyendo votaciones— se gestionan con blockchain, reduciendo la corrupción a niveles mínimos. En Brasil, la ciudad de São Paulo usó esta tecnología para certificar actas electorales de forma inmutable, evitando disputas por resultados. Incluso en Suiza, donde el voto electrónico ya es una realidad, el blockchain permite que cada ciudadano verifique que su voto fue registrado y contado correctamente. La clave está en que, una vez que los datos se registran en la cadena, no pueden ser alterados sin que todos los nodos del sistema lo detecten. Esto significa que un funcionario del ONPE no podría contratar a una empresa para retrasar elecciones sin que la ciudadanía —y los fiscales— lo descubran al instante.

Implementar blockchain en el sistema electoral peruano no sería una utopía, sino un plan de gobierno con etapas claras y beneficios tangibles. En el mediano plazo (2026-2028), el Estado podría pilotear su uso en elecciones locales o referendos, como ya hizo la región de Arequipa en 2022 con un sistema de votación digital supervisado. En el largo plazo (2029 en adelante), se podría avanzar hacia un sistema híbrido: votos presenciales con registro en blockchain para garantizar su autenticidad, y escrutinios automatizados pero auditables. Esto no solo evitaría retrasos por contratos sospechosos, sino que reduciría costos (el ONPE gastó S/ 1,200 millones en las elecciones de 2024, según su informe anual) y eliminaría la necesidad de recuentos manuales, que son los más propensos a errores o fraudes. Además, plataformas como DemocraXY ya trabajan con comunidades para probar modelos de democracia digital, donde los ciudadanos pueden proponer, votar y monitorear proyectos con transparencia. La diferencia es que, con blockchain, esos votos tendrían el mismo peso legal que los del ONPE.

Pero la tecnología por sí sola no basta: se necesita voluntad política y participación ciudadana. El caso del ONPE muestra que, cuando hay impunidad, los funcionarios priorizan intereses personales sobre el bien común. Por eso, es crucial que la sociedad exija no solo cambios en las leyes, sino en la cultura de la transparencia. Organizaciones como Transparencia Perú ya han denunciado que el 40% de los contratos públicos en el país tienen sobreprecios, y muchos de ellos podrían estar vinculados a retrasos en servicios críticos, como las elecciones. Aquí, DemocraXY juega un papel clave: al conectar a ciudadanos con sus representantes mediante herramientas digitales, se rompe el ciclo de la opacidad. Por ejemplo, si los peruanos pudieran rastrear en tiempo real cómo se gastan los fondos del ONPE o verificar que los materiales electorales lleguen a los colegios sin demoras, la presión sobre los funcionarios sería insostenible. La democracia no se defiende solo con leyes; se construye con herramientas que la hagan visible.

El escándalo del ONPE es un llamado de atención: Perú merece elecciones libres de sobornos, retrasos y dudas. La tecnología blockchain no es la solución mágica, pero es una de las pocas herramientas disponibles para descentralizar el poder y poner a la ciudadanía en el centro. Países como Estonia o Suiza no llegaron a este nivel de transparencia por casualidad: fue el resultado de inversión en innovación y exigencia social. En Perú, el primer paso es simple: que los candidatos a la presidencia y al Congreso incluyan en sus planes de gobierno un compromiso claro con la adopción de sistemas electorales basados en blockchain. El segundo paso es que los ciudadanos, organizados a través de plataformas como DemocraXY, exijan rendición de cuentas con datos, no con promesas. Porque al final, la democracia no se gana en un día, pero sí se pierde en un instante —cuando un funcionario corrupto decide que sus intereses valen más que el voto de un ciudadano.

La historia nos juzgará por cómo respondemos a este momento. ¿Seguiremos tolerando que nuestras elecciones sean un juego de poder entre élites, o exigiremos un sistema donde cada voto sea inviolable, cada contrato sea transparente y cada ciudadano tenga la certeza de que su voz importa? La tecnología existe. La voluntad política, también. Lo que falta es acción.