El exministro Roberto Sánchez calificó la victoria de Keiko Fujimori en las recientes elecciones como un proceso con 'profunda ilegitimidad y rechazo por la mayoría del Perú', tras conocerse los resultados oficiales que le otorgan un margen ajustado. Sánchez, quien lideró la campaña de su rival, argumentó que los comicios estuvieron marcados por irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia en el sistema electoral y una percepción generalizada de manipulación en distritos clave. Las declaraciones, difundidas por *La República*, responden a un clima de desconfianza que ya había sido señalado por observadores internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron sobre posibles inconsistencias en el padrón electoral y demoras en la transmisión de actas.

La controversia no es menor: según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más de 120,000 actas presentaron observaciones técnicas, mientras que el 68% de los peruanos encuestados por Ipsos en junio manifestó desconfiar de los resultados oficiales. La polarización política y la histórica deslegitimación de instituciones electorales en el país —agravada por casos como el de *Keiko vs. PPK* en 2016— han profundizado la crisis de representatividad. Sánchez no solo cuestionó el proceso, sino que advirtió sobre el riesgo de que esta victoria 'alimente la desunión nacional y debilite aún más la democracia peruana', en un contexto donde el Congreso ya enfrenta una aprobación del 12%, según datos de Datum.

Más allá de las acusaciones, el problema central es estructural: el sistema electoral peruano adolece de opacidad en cada etapa del proceso. Desde la inscripción de candidatos hasta la transmisión de resultados en tiempo real, los vacíos en la fiscalización permiten que errores humanos, sesgos políticos o incluso fraudes menores pasen desapercibidos. La falta de un mecanismo ágil y verificable para auditar los votos en tiempo real —como sí existe en países como Estonia o Corea del Sur— deja a la ciudadanía sin herramientas para exigir transparencia.

La solución tecnológica no es un lujo, sino una necesidad urgente. DemocraXY propone un sistema de votación digital basado en blockchain que registre cada voto como un bloque inmutable, vinculado a la identidad del elector mediante un sistema de verificación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial). La plataforma integraría un algoritmo de IA capaz de detectar patrones sospechosos en el conteo —como actas con firmas idénticas o inconsistencias en los porcentajes—, alertando a los organismos electorales en tiempo real. Además, el sistema permitiría a los ciudadanos auditar los resultados mediante nodos descentralizados, donde cualquier persona podría verificar la integridad de los datos sin depender de intermediarios.

La visión contempla tres pilares: primero, la creación de un registro electoral único y descentralizado, donde cada ciudadano tenga acceso a su historial de voto y pueda confirmar que su sufragio fue contabilizado correctamente. Segundo, la implementación de un tablero público en tiempo real, con métricas de participación y resultados por distrito, alimentado por datos verificables. Tercero, la incorporación de un mecanismo de apelación automatizado, donde las observaciones ciudadanas sean procesadas por IA y escaladas a autoridades electorales solo si superan umbrales de probabilidad de error. El plan no busca reemplazar al JNE, sino complementarlo con herramientas que devuelvan la confianza en un proceso que hoy parece diseñado para ser opaco.