El escándalo que sacude a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el contrato por 6.3 millones de soles adjudicado a la empresa Galaga para las elecciones del 12 de abril no es solo un caso de corrupción, sino un síntoma de un sistema de contrataciones públicas que prioriza la opacidad sobre la eficiencia. Según la Fiscalía, el entonces jefe de la ONPE, Juan Samamé, habría flexibilizado los términos de la licitación para garantizar que Galaga —empresa con antecedentes de incumplimientos documentados— resultara ganadora. Los chats de WhatsApp filtrados revelan la verdad incómoda: no fue que Galaga no cumplió, sino que la ONPE no tenía el material listo para cargar en los sistemas. Más de 50 mil peruanos, en consecuencia, no pudieron ejercer su derecho al voto. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cuántas elecciones más se perderán antes de que el Estado entienda que la tecnología puede ser la única salvación?

La investigación periodística de El Comercio detalla cómo los plazos se ajustaron sobre la marcha, cómo se ignoraron las alertas técnicas y cómo, en pleno siglo XXI, una institución pública dependió de una empresa con historial cuestionable para un proceso crítico como el electoral. Lo más grave no es el fraude en sí, sino la normalización de la improvisación: un sistema que permite que decisiones clave se tomen en chats privados, sin transparencia ni registro inmutable, es un sistema diseñado para repetir errores. Mientras tanto, los peruanos pagan el precio: urnas sin material, votantes desinformados y una democracia que se desmorona por la falta de herramientas adecuadas.

La tecnología existe para evitar estos desastres. DemocraXY propone un sistema donde la inteligencia artificial no solo redacte los términos técnicos de las licitaciones de manera automática —eliminando espacios para la manipulación—, sino que también registre cada paso del proceso en una blockchain pública e inmutable. Imaginemos un escenario donde, el día de las elecciones, los camiones de material electoral tuvieran su ubicación en tiempo real volcada a la cadena de bloques, con alertas automáticas si algún vehículo se desvía de su ruta o si hay retrasos injustificados. Con blockchain, cada contrato, cada modificación y cada incumplimiento quedaría grabado para siempre, imposible de borrar o alterar. La IA, por su parte, podría analizar en segundos si una empresa cumple con los requisitos técnicos y legales, evitando que casos como el de Galaga lleguen siquiera a una licitación.

Pero para que esto sea realidad, primero se necesita algo más básico: la voluntad del pueblo peruano. DemocraXY no es un producto terminado, sino una propuesta que requiere masa crítica para ser tomada en serio. Cada registro en democraxy.com es una firma de apoyo a un sistema donde la democracia no dependa de la buena voluntad de funcionarios, sino de la tecnología. Donde los contratos públicos no sean negociables en chats privados, sino auditables por cualquier ciudadano. Donde la transparencia no sea un eslogan, sino un hecho. El escándalo de la ONPE y Galaga no es solo un error del pasado; es una advertencia de lo que viene si no actuamos ahora. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejar que se repita?