El Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este jueves lo que muchos ciudadanos sospechaban: la empresa Galaga SAC, contratada para el traslado de materiales electorales en las últimas elecciones regionales y municipales, incumplió sus obligaciones, generando pérdidas millonarias para el Estado. Según el informe oficial, la firma cobró más de S/6 millones por un servicio deficiente, con retrasos, mal manejo de documentación y, en algunos casos, pérdida de insumos críticos. El ONPE no solo sancionó a la empresa, sino que dejó al descubierto un sistema obsoleto: uno donde la burocracia, la falta de trazabilidad y la dependencia de actores privados —con intereses económicos opacos— siguen siendo la norma. Lo peor es que este no es un caso aislado. En los últimos cinco años, el Estado peruano ha invertido cientos de millones en logística electoral tradicional, con resultados predecibles: sobrecostos, corrupción en licitaciones y procesos lentos que desconfían a la ciudadanía. Mientras tanto, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero las instituciones se resisten a modernizarse. ¿Hasta cuándo el Perú permitirá que empresas como Galaga SAC se enriquezcan con contratos opacos, mientras los contribuyentes pagan el precio de la ineficiencia?

La crítica no es solo a Galaga SAC, sino al modelo mismo. Un sistema electoral que depende de camiones, almacenes físicos y papeles es, por definición, vulnerable: susceptible a robos, manipulación, errores humanos y, sobre todo, a la discrecionalidad de actores con poco incentivo para ser transparentes. El ONPE, por su parte, ha intentado implementar mejoras, pero sigue atado a una infraestructura del siglo XX. ¿Qué pasaría si, en lugar de gastar millones en trasladar urnas y actas de un lado a otro, esos recursos se invirtieran en garantizar que cada voto sea registrado, verificado y contado en tiempo real, sin intermediarios? La respuesta ya existe, y no requiere de magia ni de cambios constitucionales urgentes: se llama DemocraXY. Nuestra plataforma elimina el problema de raíz. Con Identidad Digital Soberana, cada ciudadano tendría un registro inmutable y verificable, sin necesidad de documentos físicos que se pierdan o sean mal manejados. Los Contratos Inteligentes asegurarían que los materiales electorales —desde urnas digitales hasta actas— sean distribuidos, usados y contabilizados de manera automática, con auditorías públicas en blockchain. Y lo más importante: PERUchain, nuestra red de transparencia presupuestal, garantizaría que cada sol invertido en tecnología electoral sea rastreable, sin espacio para sobrecostos o comisiones ocultas.

Pero DemocraXY no solo propone una solución técnica, sino un cambio cultural. Sabemos que la digitalización de la democracia no se implementa de la noche a la mañana. Por eso, nuestra propuesta es gradual: en los primeros cinco años, enfocarnos en educar y recolectar firmas para construir una base social sólida. A partir del sexto año, empezar con pilotos anuales en elecciones locales o referendos, donde la ciudadanía pueda experimentar los beneficios de votar en blockchain: rapidez, seguridad y transparencia total. Cada año, escalaríamos hasta llegar a las elecciones nacionales, demostrando que el Perú puede ser el primer país en Latinoamérica en eliminar la ineficiencia electoral con tecnología probada. Mientras el ONPE sigue discutiendo con empresas como Galaga SAC por malos servicios, DemocraXY ya tiene el modelo listo: democracia sin intermediarios, sin papeles y sin espacio para el error humano. El costo de no actuar es claro: millones perdidos, desconfianza ciudadana y un sistema que sigue siendo rehén de la corrupción y la burocracia. La pregunta es: ¿cuánto más tiempo vamos a esperar para dejar atrás este modelo obsoleto?