El ordenamiento jurídico es el conjunto completo de normas que rigen la vida en un país. No es solo la Constitución — es todo el sistema legal organizado en jerarquías, donde cada norma debe ser compatible con la que está encima de ella. Si una ley contradice a la Constitución, es inconstitucional y puede ser anulada. Si un reglamento contradice a una ley, es inválido. El sistema funciona como una pirámide: la Constitución en la cima, y debajo de ella, en orden descendente, todos los demás cuerpos normativos que regulan cada aspecto de la vida peruana.

En la cúspide está la Constitución Política del Perú — la norma suprema, aprobada en 1993. Define los derechos fundamentales de los ciudadanos, la estructura del Estado, los poderes del gobierno y los límites que ninguna ley puede cruzar. Junto a ella, el Nuevo Código Procesal Constitucional establece cómo se defienden esos derechos cuando son vulnerados — a través del hábeas corpus, el amparo, la acción de inconstitucionalidad. El Reglamento del Congreso, por su parte, regula cómo funciona el Parlamento internamente: cómo se debaten y aprueban las leyes, cómo se tramitan las iniciativas ciudadanas.

El Código Civil es el segundo cuerpo normativo más importante del país. Regula las relaciones entre personas: los contratos, la propiedad, el matrimonio, la herencia, la responsabilidad civil. Si alguien te debe dinero, si quieres vender tu casa o si tienes un conflicto con un vecino, el Código Civil es la norma que aplica. Su versión procesal — el TUO del Código Procesal Civil — establece cómo se llevan esos conflictos ante un juez: los plazos, las pruebas, los recursos. Una propuesta de ley que afecte derechos de propiedad o contratos debe ser compatible con ambos.

El derecho penal ocupa varios cuerpos normativos. El Código Penal define qué conductas son delitos y qué penas corresponden. El Código Procesal Penal — en su versión moderna, el D.L. 957 — establece cómo se investiga y juzga un delito: el rol del fiscal, del juez, del defensor, los plazos del proceso. El Código de Ejecución Penal regula qué pasa después de la condena: cómo funcionan las cárceles, los beneficios penitenciarios, la rehabilitación. Para casos especiales existen el Código Penal Militar Policial y el Código de Justicia Militar Policial, que rigen las infracciones cometidas por personal de las fuerzas armadas y policiales en acto de servicio.

Los menores de edad tienen su propio marco normativo. El Código de los Niños y Adolescentes regula sus derechos, su protección frente al abandono y el maltrato, y cómo el Estado interviene cuando un menor está en situación de riesgo. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes — más reciente — establece un sistema diferenciado para jóvenes entre 14 y 18 años que cometen infracciones: con medidas socioeducativas en lugar de penas carcelarias, porque el objetivo es la reinserción, no el castigo.

El derecho comercial y tributario cierra el círculo económico. El Código de Comercio regula las actividades empresariales: los contratos mercantiles, las sociedades, los títulos valores. El Código Tributario — en su versión TUO — establece las reglas del sistema impositivo: cómo se calculan y pagan los impuestos, cuáles son los derechos del contribuyente frente a la SUNAT, cómo se resuelven las controversias fiscales. El Código de Protección y Defensa del Consumidor protege a las personas en sus relaciones con empresas y proveedores: garantías, publicidad engañosa, contratos abusivos.

Finalmente, el sistema se completa con el Código de Procedimientos Penales — la norma procesal penal antigua, aún vigente en algunos distritos judiciales en transición — y con el Derecho Comparado y la Jurisprudencia Internacional, que permiten a los jueces y legisladores orientarse en la experiencia de otros países y en los estándares de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando DemocraXY AI analiza una propuesta ciudadana, la contrasta contra los 19 cuerpos normativos de este sistema completo — no solo contra la Constitución. Porque una ley que llega al Congreso con contradicciones internas es una ley que el Congreso puede rechazar con razones técnicas. Y el objetivo de DemocraXY es que no puedan hacerlo.

Puedes ver la informacion completa de fuentes oficiales en el siguiente link, solo copialo y pegalo en tu navegador.

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/sidenav