El río Amazonas nace en el Perú. La cuenca amazónica peruana contiene el 70% del agua dulce de toda Sudamérica. El país tiene más agua dulce per cápita que casi cualquier nación en la Tierra. Y sin embargo, 3 millones de peruanos — principalmente en comunidades rurales de la sierra y la selva — no tienen acceso a agua potable. Beben del río. Del canal de riego. Del pozo sin tratamiento.

El agua sin tratar mata de maneras lentas y documentadas. La diarrea infantil, causada en su mayoría por agua contaminada, es la segunda causa de muerte en niños menores de cinco años en zonas rurales del Perú. La parasitosis crónica reduce la capacidad cognitiva de los niños que la sufren en hasta un 15%, según estudios de la OPS. Un niño que crece bebiendo agua contaminada no solo se enferma — llega a la escuela con menor capacidad de aprendizaje, perpetuando el ciclo de pobreza que el Estado dice querer romper.

El problema no es falta de recursos hídricos. Es falta de infraestructura de tratamiento y distribución. Una planta de potabilización básica para una comunidad de 500 personas cuesta entre 80,000 y 150,000 soles — menos de lo que cuesta un estudio de consultoría gubernamental promedio. La tecnología existe, los ingenieros existen, el dinero del canon existe. Lo que no existe es el mecanismo que obligue a los gobernantes regionales a priorizarlo.

El INEI registra este dato cada año desde hace más de dos décadas. Cada gobierno que llega al poder promete agua potable para todos. El Plan Nacional de Saneamiento existe desde 2006. Ha tenido nueve versiones. En ese mismo período, el número de peruanos sin agua potable se ha reducido — pero a un ritmo tan lento que, de mantenerse, la cobertura universal llegaría recién en 2045.

En las comunidades de la sierra alta, el problema tiene una capa adicional: el cambio climático está derritiendo los glaciares andinos que abastecen los ríos y manantiales que esas comunidades han usado por siglos. El glaciar Pastoruri, en Áncash, ha perdido el 40% de su masa en 30 años. Comunidades enteras que dependían de esos deshielos están quedando sin su fuente histórica de agua, sin que el Estado haya construido ninguna alternativa.

El Manifiesto DemocraXY propone que el acceso al agua potable sea un compromiso firmado en blockchain por todo candidato antes del 12 de abril. No una promesa — un contrato con metas verificables por cuenca hidrográfica, con financiamiento trazable del canon minero e hídrico, y con fechas auditables por cualquier ciudadano desde su teléfono. Si el compromiso no se cumple, el registro del incumplimiento queda en Ethereum para siempre.

Tres millones de peruanos viven rodeados del agua más abundante del planeta y no pueden beberla. Esa frase debería ser imposible. DemocraXY existe para que deje de serlo.