El 49% de los peruanos mayores de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses. Ese dato no viene de un medio de comunicación alarmista — viene de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del INEI, el mismo organismo estatal que los gobiernos citan cuando les conviene. Casi uno de cada dos peruanos. En un año.

Para ponerlo en perspectiva: en España ese índice es del 11%. En Chile, del 24%. En Colombia — un país que pasó décadas en guerra civil — es del 31%. El Perú de 2026, sin conflicto armado interno activo, con una economía que creció sostenidamente durante dos décadas, tiene un índice de victimización que duplica al de sus vecinos más violentos.

La inseguridad en el Perú tiene capas. En Lima, el crimen organizado ha colonizado distritos enteros con extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. En la selva, el narcotráfico opera con una libertad que el Estado no ha logrado — ni intentado seriamente — reducir. En la sierra sur, el abigeato y los conflictos por tierras generan violencia crónica en comunidades donde la PNP llega tarde o no llega. No es un solo problema. Es una cadena de problemas que comparten una raíz: impunidad.

La tasa de esclarecimiento de delitos en el Perú — el porcentaje de crímenes que terminan con un responsable identificado y sancionado — ronda el 8%. Significa que 92 de cada 100 delitos quedan impunes. Cuando la probabilidad de ser castigado es del 8%, el crimen no es una excepción — es una estrategia racional. El sistema no desincentiva delinquir. Lo facilita.

El presupuesto de la PNP ha crecido en términos nominales cada año de la última década. Sin embargo, la proporción de policías por habitante en el Perú — aproximadamente 1 por cada 350 ciudadanos — está por debajo del estándar recomendado por la ONU de 1 por cada 250. Pero más policías sin reforma institucional no resuelve el problema. La PNP tiene niveles de corrupción interna documentados que la convierten en parte del ecosistema de impunidad, no en su solución.

Las consecuencias económicas de la inseguridad son medibles y devastadoras. Las empresas gastan entre el 3% y el 8% de sus ingresos en seguridad privada — dinero que no va a inversión, salarios o innovación. El turismo en zonas de alta conflictividad colapsa. Los mercados informales, donde opera la mayoría de peruanos, son los más expuestos a la extorsión porque no tienen acceso real a la justicia. La inseguridad no es solo un problema social — es un impuesto invisible que pagan los más vulnerables.

DemocraXY propone que cualquier candidato que aspire a gobernar el Perú firme en blockchain compromisos concretos y verificables en materia de seguridad: tasa de esclarecimiento de delitos por región, reducción del índice de victimización en puntos porcentuales específicos, y presupuesto asignado a reforma institucional de la PNP. No promesas genéricas de "mano dura" — contratos con metas auditables por cualquier ciudadano. Porque el 49% de peruanos que fue víctima de un delito este año merece más que un slogan de campaña.