Ocho millones. No es una cifra abstracta. Son 8 millones de peruanos mayores de 15 años que hoy no pueden llenar un formulario bancario con confianza, que no comprenden un contrato laboral, que no pueden ayudar a sus hijos con las tareas del colegio. Son 8 millones de personas a quienes el Estado falló antes de que pudieran elegir algo diferente.

La educación básica — primaria y secundaria completa — es el piso mínimo sobre el que se construye cualquier economía moderna. Sin ella, el acceso al empleo formal es casi imposible. Sin empleo formal no hay seguridad social, no hay jubilación, no hay crédito bancario. La persona queda atrapada en la economía informal de por vida, y sus hijos tienen una probabilidad significativamente mayor de repetir el mismo ciclo.

El problema no es solo de adultos que ya perdieron su oportunidad. El MINEDU reporta que cada año entre 150,000 y 200,000 estudiantes abandonan la secundaria antes de terminarla. Las razones son predecibles: necesidad de trabajar para aportar al ingreso familiar, embarazo adolescente, distancia a la escuela más cercana, violencia en el entorno. Cada uno de esos abandonos es una estadística que en 10 años se convierte en otro adulto sin educación básica completa.

Perú gasta el 3.9% de su PBI en educación — uno de los porcentajes más bajos de América Latina. Chile invierte el 5.4%, Brasil el 6.1%, Bolivia el 7.3%. La correlación entre inversión educativa y movilidad social está documentada en decenas de estudios. No es ideología — es aritmética. Un país que no invierte en educar a su gente está eligiendo deliberadamente mantener su estructura de desigualdad.

La brecha geográfica es devastadora. En Lima, el 94% de los jóvenes completa la secundaria. En Loreto, ese número cae al 61%. En comunidades rurales de la sierra sur, hay distritos donde menos del 40% de los adultos terminó el colegio. Esos mismos distritos son, sin excepción, los que concentran los mayores índices de pobreza, desnutrición infantil y violencia.

Los programas de educación para adultos existen en el Perú desde los años 70. El CEBA — Centro de Educación Básica Alternativa — tiene presencia en todas las regiones. El problema es que opera con presupuestos mínimos, infraestructura precaria y sin los incentivos económicos que harían que un adulto con familia y trabajo sacrifique sus noches para estudiar. Una política seria requiere subsidios directos, flexibilidad horaria real y certificación que el mercado laboral reconozca.

El Manifiesto DemocraXY propone que cualquier candidato que quiera gobernar el Perú firme en blockchain un compromiso específico: incrementar el presupuesto educativo al 6% del PBI en un plazo de cuatro años, con metas anuales verificables por región. No como promesa — como contrato. Porque 8 millones de peruanos ya esperaron demasiado.