La democracia peruana tiene un defecto de diseño fundamental: el ciudadano participa el día de la elección y desaparece del sistema los siguientes cinco años. Puede votar. No puede exigir. Una vez que el candidato gana, sus promesas de campaña no tienen ningún valor jurídico. No existe ninguna ley, ningún tribunal, ningún mecanismo institucional que obligue a un gobernante a cumplir lo que prometió. La impunidad no empieza en el crimen — empieza en la promesa electoral.

La Ley 26300, de Participación y Control Ciudadanos, existe desde 1994. Permite la revocatoria de autoridades, la iniciativa legislativa ciudadana y la rendición de cuentas. En teoría, es un instrumento poderoso. En práctica, sus requisitos son tan altos, sus plazos tan restrictivos y sus costos logísticos tan inaccesibles para el ciudadano común, que en 30 años de vigencia ha sido utilizada con éxito en contadas ocasiones. Una ley que nadie puede usar no es una ley — es decorado institucional.

El resultado es predecible y está documentado: el Perú ha tenido seis presidentes en los últimos diez años. Cuatro de ellos enfrentan o enfrentaron procesos penales. El Congreso tiene 6% de aprobación — el más bajo de su historia republicana. Los gobiernos regionales son el principal vector de corrupción en el gasto de infraestructura pública, con el 73% de obras paralizadas o con sobreprecios documentados según la Contraloría. El sistema no falla ocasionalmente. Falla sistemáticamente porque nadie tiene incentivos reales para que funcione.

La transparencia presupuestal existe en el papel. El portal de Transparencia Económica del MEF publica datos. El problema es que publica datos sin consecuencias. Un ciudadano puede descubrir que su municipio gastó el presupuesto de salud en consultorías fantasma — y no tiene ninguna herramienta efectiva para hacer que algo pase. La información sin acción no es transparencia. Es simulacro de transparencia.

El Pilar 2 del Manifiesto DemocraXY — Transparencia Presupuestal Total — propone PERÚchain: una plataforma donde cada sol del Estado queda registrado en blockchain pública, auditable en tiempo real desde cualquier celular. No como dato en un portal que nadie lee — sino como información vinculada directamente al sistema de alertas de DemocraXY, que notifica a los ciudadanos registrados cuando un compromiso firmado no se está cumpliendo.

El Pilar 6 va más lejos: con 75,000 firmas digitales verificadas, DemocraXY puede proponer al Congreso la creación de la Autoridad Nacional Blockchain — un organismo técnico que ancle en cadena de bloques cada compromiso político, cada sentencia judicial, cada contrato público. Lo que queda en blockchain no se puede borrar. Lo que no se puede borrar no se puede negar. Y lo que no se puede negar obliga a actuar.

Por primera vez en la historia del Perú, la transparencia no dependería de la voluntad del funcionario. Dependería del código. Eso no es una promesa — es matemática. Y la matemática no tiene memoria selectiva.