La candidata presidencial Keiko Fujimori ha intensificado los preparativos para la transición de gobierno en Perú, asegurando que su equipo está listo para 'resolver los problemas del país y tomar decisiones'. Según declaraciones recogidas por *El País*, Fujimori destacó la urgencia de formar un gabinete eficiente y transparentar los procesos administrativos durante el cambio de mando. Sin embargo, el contexto actual —marcado por denuncias de opacidad en gestiones anteriores y desconfianza ciudadana hacia las élites políticas— plantea dudas sobre la capacidad del sistema tradicional para evitar irregularidades. La noticia llega en un momento crítico: Perú registra un 68% de desaprobación al Congreso según encuestas recientes, lo que refleja el hartazgo social frente a la corrupción sistémica que ha permeado instituciones clave como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El proceso de transición presidencial en Perú suele concentrar poder en círculos cerrados, donde acuerdos informales y favores políticos reemplazan a la rendición de cuentas. Ejemplos recientes, como las filtraciones de audios que involucraron a altos funcionarios en actos de tráfico de influencias, demuestran que la falta de trazabilidad en las decisiones públicas facilita la impunidad. Además, la opacidad en la designación de cargos clave —como el de primer ministro o ministros— ha sido históricamente un caldo de cultivo para la corrupción, con casos como el de *Los Cuellos Blancos del Puerto* que expusieron redes de sobornos en el sistema judicial. La urgencia de Fujimori por acelerar el proceso choca con la necesidad de mecanismos que garanticen que cada paso sea auditado en tiempo real, algo que el sistema actual, basado en documentos físicos y reuniones privadas, no puede ofrecer.

La tecnología emerge como una herramienta clave para blindar la transición contra la manipulación. DemocraXY propone un sistema donde cada decisión —desde la conformación del gabinete hasta la asignación de recursos— quede registrada en una blockchain pública, inmutable y accesible para la ciudadanía. La visión contempla el uso de inteligencia artificial para analizar patrones de conflicto de interés en las designaciones propuestas, cruzando datos con bases de datos abiertas (como las declaraciones juradas de patrimonio) y alertando en tiempo real sobre posibles irregularidades. Además, el plan incluye una aplicación móvil que permita a los ciudadanos monitorear el avance de la transición mediante métricas claras: tiempo de respuesta de cada entidad, cumplimiento de plazos legales y justificación pública de cada nombramiento.

La solución no busca reemplazar la voluntad política, sino crear un ecosistema donde la transparencia sea la norma y no la excepción. En lugar de confiar en promesas verbales o documentos sellados, la tecnología permitiría que cada ciudadano —desde Lima hasta las regiones más alejadas— verifique que los compromisos asumidos durante la campaña se cumplan. El riesgo de que la transición se convierta en otro episodio de opacidad no es teórico: en 2021, el 42% de los peruanos creía que el proceso de cambio de mando estaba 'manchado por intereses ocultos', según Datum Internacional. Con herramientas como estas, el proceso podría ser auditado por miles de ojos, no solo por unos pocos auditores con acceso limitado.